Según medios locales, el incidente ocurrió cuando la manifestación alcanzó la zona de Descahos, y un grupo armadas disparó contra la movilización.
También en Puerto Príncipe, varios centenares de personas protagonizaron una protesta pacífica, y organizaron un funeral simbólico del mandatario, con la quema de un ataúd en las puertas del cementerio.
Pese a la tensa situación, y el reforzamiento de las barricadas en algunas zonas de la capital, varios comercios abrieron sus puertas este martes, y ciudadanos se apresuraron a abastecerse de agua y productos alimentarios, ante el temor de un recrudecimiento de las protestas.
Desde mediados de septiembre, se agudizó la crisis sociopolítica en el país, y casi a diario tienen lugar masivas movilizaciones antigubernamentales, cortes de carreteras, como parte de la operación Peyi Lok (país bloqueado), impulsada por la oposición para forzar la renuncia del mandatario.
Este viernes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, denunció que al menos 42 personas murieron, 19 de ellas a manos de policías, y 86 resultaron heridas en la nueva oleada de protestas y abogó por un diálogo entre haitianos.
En un comunicado, también declararon estar profundamente preocupados por la prolongada crisis y por la «la capacidad de los haitianos para ejercer sus derechos fundamentales en materia de salud, alimentación, educación y otros».
Al menos dos millones de niños no asisten a clases desde el inicio de las movilizaciones, empresas e instalaciones hoteleras cerraron sus puertas y otras compañías recortaron personal, mientras se agudiza la crisis alimentaria que afecta a casi tres millones de haitianos.
El presidente, por su parte, insiste en mantener su puesto y señala que sería irresponsable su renuncia, mientras que para la oposición la dimisión de Moïse resolverá la actual crisis.
A las movilizaciones antigubernamentales, también se unieron los sindicatos de la salud, obreros textiles, religiosos, artistas, docentes y estudiantes.
Además de la renuncia, también piden la instalación de un gobierno que atienda las urgencias del país, y justicia en el caso de malversación de fondos públicos.
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