Por: Awilda Inés Reyes Beltre
La República Dominicana es signataria de la “Convenci6n para la Elirninaci6n de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, además de la “Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” o “Convención de Belem Do Para”, ambas debidamente ratificadas por el Congreso Nacional.
Ya en el derecho interno la Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar, introduce modificaciones al Código Penal y al Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, reconoce y es parte de su fundamento el hecho de que la mujer dominicana es objeto de violencia y que corresponde a los poderes públicos sancionar, estableciendo que tanto la violencia contra la mujer como la violencia intrafamiliar son problemas socioculturales que atentan contra los derechos humanos y ponen en peligro el desarrollo de la sociedad.
De ahí que la necesidad de preservar y proteger la dignidad de la mujer dominicana y para esto se entendió como perentoria, la existencia de disposiciones legales que definan, tipifiquen y sancionen adecuadamente infracciones que la afectan directamente, con la finalidad de resguardarla y proteger su persona y sus bienes, y todo esto sería posible con una legislación adecuada y eficaz.
Sin embargo, la legislación tener unos doce años de vigencia, la violencia intrafamiliar hoy por hoy es un flagelo que golpea fuerte a nuestra sociedad y como cualquier cáncer, está paulatinamente carcomiendo y cobrando, ante la mirada de todos, la vida de muchas de nuestras mujeres.
Y es que tenemos un sistema de justicia penal y una sociedad convencida de que las leyes, por sí solas erradican la criminalidad y que mientras más duras sean las penas, menor será la criminalidad, y la realidad se ha encargado de mostrarnos día a día, que éste no es el remedio adecuado y cada día se suman feminicidios a las estadísticas.
Es por esto que se hace necesario abordar el tema de la violencia intrafamiliar, de género o doméstica, como lo que es, un hecho complejo, en el cual convergen múltiples causas, pero que se pretende enfrentar con la misma solución, sin analizar, sin estudiar, sin conocer las causas, se espera que el endurecimiento de las penas, la aplicación de medios legales alternos, y cualquier salida alternativa, sea prohibida en estos casos.
Es incuestionable e innegable, que estos hechos son tipos penales que conllevan y ameritan sanción penal y sobre todo la privación de libertad, pero no se puede dejar de negar tampoco que es la mayor violencia del Estado que pretende detener la violencia, a lo que yo he llamado, violencia enfrentada con violencia.
Los casos de agresores que han sido apresados, juzgados y condenados por este tipo de hecho, ha demostrado que una vez éstos obtienen la libertad, son excarcelados, tanto o más violentos que como ingresaron en prisión. Regresan a la sociedad llenos de ira y rebelados contra el sistema y con la propia víctima a la cual responsabilizan del encierro.
Resulta cuesta arriba y hasta un poco ilógico que la violencia pueda erradicarse con violencia. La violencia en contra de las mujeres se ha convertido en un pulso de los hombres con el Estado, en el cual, el Estado despliega todo su poder punitivo para castigar y encerrar a todos los hombres agresores, sin detenerse a trabajar las causas que generan esta conducta. Es así, que agresores han perdido el miedo al encierro y otros, pierden el miedo a la muerte y recurren al suicidio.
Esto es sin duda alguna, la manifestación más brutal de la violencia estatal. Y es que la violencia del Estado históricamente surgió para perseguir y castigar a los individuos que alteren las normas de convivencia social y que han sido descritas y penadas en las leyes. Esta violencia estatal también tiene la función de disuadir a los futuros agresores, algo que parece no estar funcionando debido a que la violencia tristemente continúa en aumento y cobrado más vidas.
Y es que, además de privar de libertad a estos agresores, es necesario e imperativo trabajar seria y profesionalmente con esa conducta desviada, con especialistas del área de la conducta humana y con experiencia en esta materia. De modo que, junto con el castigo al agresor, éste pueda verdaderamente regenerarse y modificar su conducta violenta. Esto permite que una vez insertado en la sociedad por los mecanismos legales que dispone la ley o sea porque cumplió con la pena impuesta, exista garantía mínima para la sociedad y la víctima de que su vida e integridad física no corren peligro.
Además del tratamiento al agresor, ex post, esto es después de cometido el hecho, es necesario tratar de manera preventiva a través de políticas públicas que tengan como finalidad detectar, tratar y concientizar a la sociedad de cómo enfrentar este mal que a todos nos agobia.
Tal como tratamos cualquier cáncer, atacando directamente las causas del cáncer y no solo sus efectos, debemos trabajar directamente con el cáncer que es en estos casos los perfiles de los agresores, identificarlos y tratarlos para trabajar directamente sobre el mal.
Es de este modo de que somos de opinión, que se además de la existencia del Plan Nacional contra la violencia de género implementado por la Procuraduría General de la República en el año 2017, se hace necesaria la ejecutoria de un modelo de creación de políticas preventivas de la violencia en todas sus manifestaciones.
Es de este modo que al tiempo que son tratados los agresores consumados, debe llevarse una campaña agresiva, progresiva, inclusiva y permanente que abarque todos los grupos, edades, y estratos de la sociedad, desde las comunidades más recónditas hasta el lugar más encumbrado del país, pues este es un mal que no distingue ni discrimina por clase social, nivel de educación, edad, sexo, etc.
Se trata de abarcar el problema de adentro hacia afuera, con acciones que conlleven políticas regionales, de modo que el programa lleve un ritmo progresivo hasta que de lo regional se expanda hacia lo general. Este modelo debe ser llevado a cabo por un equipo multidisciplinario que deberá estar preparado para identificar y tratar los rasgos de los perfiles de agresores y posibles agresores, aplicando a cada uno de un tratamiento y acompañamiento hasta lograr eliminar las causas que provocan la conducta agresiva.
Pero no se puede dejar de mencionar que las políticas e iniciativas por parte de la Procuraduría General de la República como el brazo ejecutor del gobierno de las políticas de persecución penal, sino están respaldadas por el control y coordinación de esas políticas públicas, y que estas sean promovidas y ejecutadas desde el gobierno central.
Estaspolíticasconjuntadebenestardirigidasyelaboradasconpropósitosespecíficosy dirigidos a las comunidades más vulnerables con el objetivo de que paulatinamente se logre la disminución de la violencia en los barrios marginados, en las comunidades pequeñas y remotas y en aquellas comunidades de las zonas fronterizas.
Castigar a los agresores es de derecho y procede imponer una sanción, sin embargo, la realidad está mostrando que esto por sí solo no erradica ni disminuye la violencia, máxime, en un sistema carcelario que aún enfrenta muchos desafíos en cuanto al cumplimiento de las reglas básicas para el tratamiento de los reclusos, estando estos muy lejos de ser verdaderos centros de rehabilitación. Es por esto que, no es de extrañar que muchos agresores, una vez consiguen su libertad, ya sea porque hayan cumplido su pena o sea por la aplicación de algunas de las instituciones jurídicas que dispone la ley, son seres que son excarcelados con resentimiento y rabia acumulada, no tan sólo en contra de la víctima que lo encausó, sino, además, con el mismo sistema.
En fin, la realidad exige del sistema y de la sociedad en general, de un trabajo en equipo, de todos los ciudadanos y de todas las estructuras sociales comenzando por la familia. Se requiere de un esfuerzo mancomunado de todos, con políticas inclusivas de todos los sectores de la sociedad, ya que, los agresores necesitan ser tratados, la comunidad masculina necesita desarraigar esos paradigmas machistas que han dominado nuestra cultura como parte de un sistema patriarcal.
El problema de los feminicidios es de todos y es responsabilidad de cada uno de nosotros, las cárceles no son la solución y las casas de acogida o las órdenes de protección no son suficientes para proteger las víctimas. Necesitamos todos, aportar nuestro granito de arena para erradicar este mal.
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