Este miércoles el Poder Ejecutivo destituyó a siete funcionarios públicos en el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) tras detectar irregularidades durante procesos de compras.
Los destituidos ganaban desde 95 mil pesos, siendo la de menor salario la responsable de Acceso a la Información Pública, y el de mejor salario devengaba 170 mil, quien fungía como subdirector general de Gestión Institucional.
De acuerdo al decreto 146-20, fue destituido Juan López, subdirector general de Gestión Institucional, quien según la nómina de personal fijo de Inaipi devengaba un salario de RD$170,000.00.
López fue juramentado en el Comité de Gestión de la Calidad en junio de 2017, y no consta una declaración jurada sobre sus bienes.
También fue destituida Ramona Beatríz Hernández, quien pertenecía a la institución como directora Administrativa y Financiera, con un sueldo de RD$155,000.00.
Sobre Hernández, designada el 3 de abril de 2017, consta una declaración jurada de bienes fechada el día 14 de febrero del año 2018, donde esta registra una casa propiedad de ella y su esposo de 4.5 millones de pesos, una jeepeta Hyundai Tucson valorada en 500 mil pesos, bienes muebles por un millón de pesos, y una cuenta compartida con su hija con 149,967 pesos.
Asimismo está Alberto José Patxot Duarte, quien hasta su cancelación laboraba como director de Planificación y Desarrollo, con una remuneración de RD$155,000.00 mensual. Este exfuncionario no consta con declaración jurada.
Ricardo José Guzmán Domínguez, director de Operaciones cobraba RD$155,000.00, sin declaración de bienes y Maira Martínez de la Rosa, encargada de compras y contrataciones RD$130,000.00.
La encargada de compras, en una declaración jurada de bienes de finales de 2018, declaró poseer una casa valorada en cinco millones de pesos, y una parcela de 500 mil, y una jeepeta Honda CVR por valor de un millón de pesos, para un total de 6.5 millones en bienes. Fue designada el primero de junio de 2017. Esta es la única declaración con que se consta en la Cámara de Cuentas de esta persona.
También fueron cancelados Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico conRD$130,000.00 y Clementina de Jesús Pieter Santana, responsable de acceso a la Información Pública con un sueldo de RD$95,000.00.
Al destituirlos, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, informó que los mismo serán puestos a disposición de la Procuraduría General de la República con las evidencias halladas.
La Procuraduría deberá ahora comparar los bienes a la designación de los funcionarios, y a su desvinculación, para posteriormente tipificar los delitos en los que pudieron haber incurrido.
El empresario Pablo Cabrera fue quien dio la voz de alarma el martes, acusando a la entidad de favorecer a una empresa, hasta el momento desconocida, con una licitación valorada en $100 millones de pesos para la entrega de 40 mil kits de alimentos, cada uno valorados en $2,500 pesos.
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