Más que imponer multas por el no uso de las mascarillas para prevenir el contagio del coronavirus, que muchos pobres y desempleados no podrán pagar, lo aconsejable es que el gobierno las subsidie.
Es decir, que asuma una buena parte de su costo para que sea más accesible al público, sobre todo a aquellos que no tienen recursos para abastecerse de ellas.
Prominentes juristas consideran que la imposición de multas de 10,000 hasta 100,000 pesos, en base a la ley de Salud Pública, es cuestionable.
Más allá de si tiene o no fuerte asidero legal, lo más importante es incentivar el uso permanente de las mascarillas como arma eficaz de prevención frente al contagio del coronavirus.
El gobierno debería poner en marcha un programa de distribución gratuita entre los ciudadanos más pobres y contribuir a que los precios del mercado sean accesibles a todos.
Consideremos a las mascarillas como un producto de primerísima necesidad en estos momentos. Sistematicemos las campañas de orientación para que, de manera consciente y voluntaria, todos las utilicen en sus rutinas diarias.
Aplicar multas fuertes o practicar detenciones por llevarlas en lugares públicos es, en estos momentos, una medida irritante y abusiva.
Lo razonable es que desde ya suspenda este tipo de coerción por uno de cooperación y provisión.
0 Comentarios