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lunes, 31 de agosto de 2020

Analista político Freddy Ángel Castro asegura que más de 2,500 funcionarios del gobierno de Danilo nunca presentaron su declararon sus bienes



Santo Domingo. –El analista político Freddy Ángel Castro afirmó que cientos de  funcionarios del pasado Gobierno nunca declararon sus bienes, a pesar de estar contemplado en la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio.

“Si usted examina ahora mismo, de los funcionarios salientes, hay más de 2,500 funcionarios que nunca emitieron una declaración jurada de bienes, entonces, el presidente Luis Abinader está mandando una señal clara a sus funcionarios”, dijo a ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27,
En tal orden el catedrático saludó la advertencia del presidente Luis Abinader, de suspender a los funcionarios que no declaren su patrimonio hasta tanto cumplan con el requerimiento o destituirlos si no lo hacen.
El experto planteó que el gobernante manda una señal de que necesita saber con qué patrimonio ingresaron los funcionarios a la administración pública, porque en cuatro años necesita rendir un informe al país de quiénes pudieron haberse enriquecido.
Consideró que las designaciones hechas por el mandatario han sido buenas, porque se trata de personas que han llenado las expectativas de la población, como el nombramiento de la magistrada Miriam Germán Brito, como Procuradora General de la República.
Destacó las medidas del nuevo gobierno de modernizar y refundir áreas del Estado que no están generando productividad, con relación al gasto.
Citó el anuncio de eliminación del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOEA) y la situación del sector transporte. “Ahí se puede generar un ahorro importante en términos de cuantía”, acotó.
Sin embargo, Castro observó que muchas de esas instituciones son creadas por ley, por lo que no pueden ser eliminadas por decreto, sino que deben ir al Congreso para su liquidación.
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