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martes, 12 de enero de 2021

SON ILEGALES LOS COBROS TANTO LAS MULTAS COMO EL IMPUESTO POR DOCUMENTOS DE NO ANTECEDENTES PENALES QUE COBRA EL M.P Y LA P.G.R

 


POR MILCIADES ENCARNACION

Abogado y periodista de Barahona



En las ultimas 24 horas la procuraduría General de la Republica, a través de su brazo ejecutar las fiscalías de todo el pais, han empezado a imponer de forma administrativa una tabla de multas y sanciones a personas físicas, jurídicas y muebles, de forma albitraria violando la ley general de salud 42-01 en su articulo 153 y 162, así como la ley 21-08 de estado de emergencias en la R.D, los cuales establecen que solo en casos especiales los que violan las disposiciones de esta ley, serán sancionados con las multas pero impone que sean los tribunales los que juzguen y apliquen las mismas, luego del respeto del estado de derecho que impera en la R.D.

Según este nuevo orden o escalafón de cobros, se establecen multas de cinco mil pesos, cincuenta mil pesos y cien mil pesos, agravando mas lo que son las situaciones de los ciudadanos, aun estableciendo bien claro el articulo 162 de dicha ley, que solo los tribunales, determinaran su monto y juzgaran las infracciones de las cuales se trata.

Aunque esta disposicion es de apenas 24 o 48 horas, ya la procuraduría había destinado dicho cobro llegando ya a las recaudaciones a 92.7 millones, de pesos los cuales estan en una cuenta especial de la Procuradurías fiscales y la propia Procuraduría general de la Republica, sin embargo la procuraduría es reincidente en este tipo de violaciones de la ley, ya que a través de los cobros de 700.00 pesos por la emisión de un documento de NO ANTECEDENTES PENALES, documento este obligatorio para casi todas las actividades de los ciudadanos, y hasta ahora nunca ha dicho la procuraduría general basado en que ley se ha hecho ese cobro de por si ilegal y albitraria.

Lo albitraria se debe a que el papel de la procuraduría y por ende las fiscalías según la propia ley orgánica de ministerio publico 133-11, NO ES EL DE RECAUDADOR, sino el contenido del articulo 26 de la ley 133-11, dice que el mismo ejerce de forma exclusiva la acción penal publica sin perjuicio de las victimas, conforme a las leyes y la constitución, ejerciendo, 1. Ejercer la dirección funcional de las investigaciones de los hechos punibles de acción pública que realice la policía o cualquier otra agencia ejecutiva de investigación o seguridad y supervisar la legalidad de sus actuaciones, sin perjuicio de contar con órganos propios de investigación técnica que colaboren en el cumplimiento de sus funciones; 2. Poner en movimiento y ejercer la acción pública en los casos que corresponda;

3. Custodiar y conservar, sin menoscabo alguno, todos los objetos e instrumentos, armas de fuego o de cualquier naturaleza, equipos, bienes muebles e inmuebles en general, dinero en moneda nacional o extranjera, documentos, títulos de propiedad o de cualquier otra clase; en fin, todas las evidencias y efectos materiales vinculados al hecho punible o que hayan sido incautados o secuestrados como consecuencia de la investigación. Por excepción, la custodia, análisis 19 y disposición de las drogas y sustancias controladas quedará a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que sólo conservará las muestras necesarias, emitirá la certificación correspondiente y dispondrá la incineración de las drogas o sustancias; 4. Representar y defender el interés público y el interés de la víctima de delito con respecto a todas las infracciones y asuntos que se requieran conforme a la ley; 

5. Velar porque todo imputado sea instruido de sus derechos para garantizar el efectivo cumplimiento de las normas del debido proceso y el respeto de la dignidad humana, sin discriminación alguna; 6. Administrar el registro de antecedentes penales y emitir las certificaciones correspondientes; 7. Atender las solicitudes de las víctimas y procurar que sean informadas acerca de sus derechos; 8. Disponer las medidas para proteger la vida e integridad física de las víctimas y testigos, así como de sus familiares y demás intervinientes en el proceso penal, cuando fuere necesario; 9. Representar los intereses del Estado ante cualquier jurisdicción de conformidad con la Constitución y la ley; 10. Adoptar medidas para proteger los intereses de los menores, los incapaces y los indigentes; 11. Investigar las detenciones arbitrarias y promover las actuaciones para hacerlas cesar y garantizar el respeto de las libertades públicas; 

12. Vigilar que en los cuarteles y destacamentos policiales, recintos militares o de cualquier otra agencia de investigación o seguridad destinados al arresto de personas, en los centros penitenciarios y correccionales, los institutos de reeducación para menores y cualesquiera otros recintos destinados a la detención de personas, sean respetados los derechos fundamentales, y, de igual manera, vigilar las condiciones en que éstos se encuentren recluidos; tomar las medidas legales adecuadas para mantener la vigencia de las prerrogativas inherentes al ser humano cuando se compruebe que han sido menoscabadas o violadas. En el ejercicio de esta atribución, los funcionarios del Ministerio Público tendrán acceso a todos los establecimientos mencionados. Quienes entorpezcan, en alguna forma, este ejercicio, incurrirán en responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente; 13. Ejercer los recursos contra las decisiones judiciales, de conformidad con la ley; 14. Canalizar la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública;

15. Ejercer la representación en justicia del Estado como mandatario ad litem cuando esa representación no haya sido encomendada por la Constitución o la ley a ningún funcionario público u organismo gubernamental ni exista un mandatario con poder especial designado por las autoridades competentes; 16. Las demás atribuciones que establezcan las leyes.

Pero resulta que en ninguna de estas obligaciones y facultades existe la facultad de imposición de multas y sanciones así como retenciones de muebles, cobro de multas por administrar datos de ciudadanos entre otras atribuciones que la ley no los faculta.

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