Mauricio Dantas Bezerra, uno de los principales testigos del caso Odebrecht, declaró ayer en el juicio de fondo, que Ángel Rondón y Conrado Pittaluga son las personas a las que la empresa brasileña Odebrecht realizaba pagos con el fin de conseguir contratos de obras.
El testigo de origen brasileño, quien desempeñó el cargo de director jurídico de la constructora hasta noviembre de 2019, también mencionó a Víctor Díaz Rúa y diversos congresistas como “el destino” de los pagos para no dejar rastros.
Según Dantas Bezerra, los pagos se destinaban a ellos porque “podían hacer posible las obras” en el país.
Durante la audiencia el testigo manifestó que en el país se admitieron los mismos actos ilícitos que en Estados Unidos: corrupción, lavado de activos y violación a las reglas de contabilidad.
Dantas Bezerra señaló que en el país se pagaron sobornos por aproximadamente US$92 millones de manera directa o a través de intermediarios para conseguir contratos de obras.
El exdirector jurídico de la constructora explicó que Odebrecht utilizaba “cuentas offshore”, como Consultora del Sur y “Landfield” a través de las cuales se realizaban los pagos por cuenta y obra de la empresa.
Según Bezerra, estas compañías de terceros eran contratadas por el sector denominado “Operaciones Estructuradas”, estos últimos realizaban los pagos relacionados con los actos ilícitos y otros desembolsos.
Al ser preguntado sobre dónde se encontraba el dinero, el testigo mencionó que estaba en “países paraísos fiscales”, sin embargo dijo que no recordaba cuáles eran estos países.
El imputado dijo sentirse “totalmente tranquilo” siempre y cuando la justicia actúe en base a las pruebas y documentos que posee la defensa.
El testigo brasileño admitió ser el responsable de las negociaciones de los acuerdos firmados con las autoridades competentes de República Dominicana, Guatemala, Panamá, Ecuador, Perú y Colombia entre 2016 y 2018.
Dantas Bezerra aseguró haber actuado como “apoderado especial” de Odebrecht cuando la constructora firmó el acuerdo con la Procuraduría General de la República en el que se comprometió a pagar el doble de los US$92 millones, con el fin de reparar los daños causados al país.
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