Uno de los aspectos que retrata con mayor nitidez el fenómeno sociológico de la descomposición de una sociedad, es precisamente la incidencia de las pandillas en el crimen organizado. Cuando se alcanzan estos niveles de deterioro no queda otro camino que el uso la fuerza para restaurar el orden. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en Haití, sobre todo después del asesinato del presidente Jovenel Moise, dado que se ha convertido en un territorio completamente incontrolable. El secuestro de 17 misioneros extranjeros en días recientes ha obligado a los Estados Unidos a tomar cartas en el asunto. El matutino Listín Diario ha realizado importantes reportajes sobre el caos y la ingobernabilidad del vecino país, destacando el enorme poder que tienen los pandilleros, la mayoría de las cuales se inician a los 7 años de edad y alcanzan la categoría de capos al llegar a la adolescencia.
La industria del secuestro opera con total impunidad, puesto que el poder e influencia de las bandas de facinerosos excede el de las autoridades. De conformidad con la opinión de James Boyard, profesor de ciencias políticas de la Universidad Estatal de Haití, éste le atribuye a los empresarios y dirigentes políticos la responsabilidad por el auge de la delincuencia, al afirmar que “les dieron demasiado poder y ahora están aterrados”. En efecto, nunca se pensó que las cosas irían tan lejos, saliéndose de control en vista de que el 40% del territorio de Puerto Príncipe, ciudad de casi tres millones de habitantes, se encuentra bajo el control de pandilleros armados. Según el referido reportaje del Listín Diario, “un total de 328 secuestros fueron reportados a la Policía Nacional de Haití en los primeros ochos meses del 2021, comparado con 234 para todo el 2020, según la Oficina de Naciones Unidas de Haití”. Se trata de una realidad insostenible que amerita una urgente intervención multilateral para tratar de reconstruir ese desdichado país.
Sobre la inaplazable situación de una intervención en Haití, el editorial del Listín Diario del 22 de octubre del corriente año, señaló: “con el estado generalizado de inseguridad prevaleciente, cada día más deteriorado, la gobernabilidad ha rodado por el suelo en Haití, y solo una intervención militar podría ser la única vía para imponer el orden y la pacificación nacional”. Tiene toda la razón el referido editorial, toda vez que ni la policía ni el ejército de ese país se encuentra en capacidad de combatir a las pandillas que se dedican al tráfico de armas, drogas y otras actividades ilícitas, las cuales se han repartido el control del territorio. En otras palabras, se necesita crear un fideicomiso internacional amparado por las Naciones Unidas para reorganizar con carácter de urgencia a ese conglomerado humano que nunca ha podido constituirse en un Estado organizado. Se sostenido, incluso, que la imposibilidad de convertirse en un Estado-nación arranca en el momento mismo en que se produjo su liberación de la esclavitud, a principios del siglo XIX, pues su intención en aquel entonces fue simplemente liberarse del yugo francés, sin que en el transcurso de su proceso evolutivo se haya articulado nunca la idea de organizar un Estado.
Así las cosas, frente a esa notoria incapacidad de construir instituciones mínimamente viables, se impone, sin pérdida de tiempo, que una autoridad supranacional asuma el control de ese Estado fallido cuyas consecuencias sufre el resto de la región, especialmente el pueblo dominicano. El exceso de población y la pobreza extrema de ese vecino país genera una constante avalancha de refugiados, razón por la cual los mandatarios de Panamá, Costa Rica y la República Dominicana se vieron en la necesidad de formular un llamado a la comunidad internacional para buscar una “solución conjunta” que detenga esa hemorragia de refugiados que permanentemente genera ese infortunado conglomerado humano. Ahora bien, no estoy de acuerdo con las propuestas de los mandatarios en el sentido de que se deben celebrar elecciones transparentes el próximo año para recuperar la economía y los ecosistemas naturales de esa parte de la isla.
Más claramente, si algo hemos aprendido es que los valores de la democracia representativa y participativa no encajan en todas partes de igual manera. Uno de los grandes fracasos de los Estados Unidos ha sido imponer su modelo a otras naciones con características, tradiciones, cultura e historia diferentes. Así como los musulmanes y algunas naciones asiáticas no entienden ni asimilan los valores democráticos, en esa misma medida no podemos imponerles a los haitianos un sistema político que no se aviene con sus costumbres y tradiciones. La crisis por la que atraviesa Haití únicamente se resuelve con una intervención multilateral bien intencionada, cuya finalidad esencial sea reconstruir ese país que ha demostrado absoluta incapacidad para dotarse de un modelo distinto a las cruentas dictaduras que ha padecido. En otras palabras, se requiere de un régimen fuerte, honesto, bien intencionado, dirigido por un fideicomiso para recuperar a ese grupo humano. De poco o nada serviría, como afirmaron los exmandatarios, celebrar elecciones libres y transparentes si consuetudinariamente han demostrado ser incapaces de respetar sus propias reglas de juego.
La crisis haitiana reclama acciones contundentes e inmediatas que van más allá de la simple retórica. De conformidad con la UNICEF, al menos 71 mujeres y 30 niños han sido secuestrados en los primeros 8 meses del presente año, lo cual representa un tercio de los 455 secuestros reportados este año, cifra realmente escalofriante. Esta situación se produce en un contexto de violencia generalizada que ha forzado a miles de mujeres y niños a escapar de sus hogares. El jefe de comunicación de la UNICEF para América Latina mostró su preocupación al indicar que “los padres viven con ansiedad todo el tiempo ante la posibilidad de que sus hijos puedan ser secuestrados”, situación esta que puede suceder en cualquier barrio, escuela o iglesia, en vista de que no existe ningún lugar con suficiente seguridad. Más todavía, la crisis es tan severa que hasta la ayuda humanitaria es interceptada antes de llegar a su destino como consecuencia de las actividades criminales de estas bandas que controlan gran parte del territorio haitiano. Asimismo, la reciente dimisión del director general de la Policía Nacional haitiana, León Charles, es una clara señal de la total incapacidad de las fuerzas del orden para contener el caos.
En suma, los asesinatos, robos y secuestros constituyen una actividad lucrativa en ese espacio geográfico que se encuentra sumergido en la más espantosa miseria. De ahí la urgencia de que la comunidad internacional no continúe con esa actitud irresponsable que le ha caracterizado, puesto que las consecuencias del problema haitiano afectan a todo el hemisferio, aunque, claro, particularmente a los dominicanos por su proximidad. Además, no se debe olvidar que ese mayúsculo desorden convierte al territorio haitiano en un lugar ideal para la proliferación del tráfico de drogas, armas y otras tantas actividades ilícitas que buscan como destino final a los países más ricos. De manera que el tema haitiano es una preocupación general, colectiva, que debe convocar un vigoroso esfuerzo unificado con la finalidad de intervenir esa porción de la isla. Como bien expresó hace algunos días un exministro haitiano de economía, Daniel Dorsanvil, “Haití se ha hundido”. El miedo, la ansiedad, la incertidumbre y hasta el terror es parte de su vida diaria. La comunidad internacional debe ser más solidaria, menos irresponsable e indiferente, ante un drama que nos afecta a todos. Ojalá que se reaccione oportunamente ante esta situación de emergencia que no admite ya más dilaciones.
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